La Comisión Europea ha dado dos meses de plazo a España para que corrija las deficiencias que hay en la aplicación de la normativa europea sobre bienestar animal. No se cumple lo establecido para proteger a los animales en el momento de su sacrificio, ni la legislación en materia de alimentos, ni en lo relativo a salud animal. Si el gobierno español no subsana esas deficiencias en el plazo establecido, el asunto podría llegar al Tribunal de Justicia de la ! UE.
Según explica la Comisión Europea, en varias auditorías efectuadas en España por la Oficina Alimentaria y Veterinaria se observaron graves deficiencias sistemáticas. Fallan los métodos, los equipos, las inspecciones, las medidas correctoras y las sanciones que deben imponerse ante las infracciones.
Pero además se han observado incumplimientos en dos normas comunitarias concretas: la directiva sobre prácticas de sacrificio para minimizar el sufrimiento de los animales y el reglamento que establece las normas para verificar el cumplimiento de la legislación sobre piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales.
La Directiva comunitaria establece que no se causará a los animales agitación, dolor o sufrimiento evitables durante las operaciones de sacrificio y matanza, u otras relacionadas, ni en los mataderos ni fuera de ellos. Esta norma general se aplica a las operaciones de desplazamiento, estabulación, sujeción, aturdido, sacrificio o matanza. Los mataderos deben estar construidos y equipados de forma que se ajusten a dicha norma. El personal encargado del sacrificio debe tener la aptitud, la destreza y los conocimientos profesionales necesarios. A los animales se les debe aturdir antes de su sacrificio, o dar muerte de forma instantánea.
El reglamento correspondiente establece normas generales para la realización de controles oficiales a fin de comprobar el cumplimiento de las normas orientadas, en particular, a prevenir, eliminar o reducir los riesgos para las personas y los animales, a garantizar prácticas equitativas en el comercio de piensos y alimentos y a proteger los intereses de los consumidores. Establece asimismo la obligación de que las autoridades nacionales llevan a cabo las inspecciones, adopten medidas correctoras e impongan sanciones.
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